|
WSWS
: Español
La "Caravana de la Muerte" en Chile crea problemas
para la élite gobernante
Por Mauricio Saavedra
29 Septiembre 1999
Utilice
esta versión para imprimir
La detención del dictador Pinochet por orden de los
magistrados españoles ha creado considerables problemas
para los círculos gobernantes de Chile. Desde Enero de
1998, se han presentado 34 procesos criminales contra oficiales
de la anterior dictadura que usurpó el poder en 1973. El
caso más destacado, conocido como la "Caravana de
la Muerte", atañe al célebre escuadrón
del ejército que recorrió el país a raíz
del golpe militar.
El juez, Juan Guzmán Tapia, que dirigió las investigaciones
durante los últimos 20 meses, ha intentado demostrar la
responsabilidad de al menos 10 oficiales de alto rango del ejército,
quienes ordenaron las ejecuciones y el entierro en secreto de
más de 70 prisioneros políticos en una docena o
más de lugares. Bajo la supervisión del juez, se
exhumaron tumbas comunes y se identificaron más de 50 cuerpos.
El interrogó a los oficiales que participaron o presenciaron
las ejecuciones y también recibió testimonios de
las familias de los desaparecidos.
Durante el principio de las investigaciones, Guzmán
estableció que los cuatro primeros homicidios fueron perpetrados
el 4 de Octubre de 1973 en Cauquenes, una ciudad regional al sur
de Santiago. A continuación, el escuadrón de la
muerte asesinó a otros 68 prisioneros en las provincias
del norte de Chile a mediados de Octubre; 15 en La Serena, 13
en Copiapo, 14 en Antofagasta y 26 en Calama.
Las primeras investigaciones de Guzmán terminaron en
Junio porque aún no se habían encontrado los cuerpos
de 19 personas desaparecidas en Cauquenes, Copiapo y Calama. El
rechazó los certificados de defunción que presentó
la defensa y el 8 de Junio ordenó la detención the
cinco oficiales del ejército, haciéndoles responsables
de los 19 cuerpos desaparecidos. Entre los cinco oficiales se
encontraba el general jubilado, Sergio Arellano Stark. Pinochet
le designó personalmente como jefe del escuadrón
de la muerte.
Guzmán acusó a los oficiales de agravante secuestro,
sosteniendo que aún tenían a los 19 prisioneros
cautivos. Este fallo de "secuestro perpétuo"
esquivaba la Ley de Amnistia de la época de Pinochet, la
cual protegía al ejército de cualquier persecución
por los crímenes cometidos durante los primeros cinco años
de dictadura.
Durante los siguientes diez años, el ejército
se apoyó en que el gobierno civil y los tribunales emplearan
la Ley de Amnistía para cerrar cualquier caso en contra
de ellos. El nuevo tecnicismo legal puede socavar esta práctica;
puede permitir que se puedan reabrir cientos de casos anteriormente
cerrados o suspendidos.
Hugo Gutierrez, abogado representante de la Agrupación
de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) dijo: “ Se
ha decidido que la Ley de Amnistía debería ser el
último paso. Yo creo que el precedente más importante
que han establecido los tribunales es que los casos deben ser
investigados, procesados y acusados y sólo cuando se vaya
a tomar la decisión, mirar si se puede aplicar la Ley de
Amnistía.”
Más tarde en Agosto, después de que la corte
suprema apoyó la gestión de Guzmán, los cuerpos
de cuatro jóvenes pertenecientes al Partido Socialista
y asesinados por el escuadrón de Stark en Cauquenes fueron
identificados. Cuatro de los oficiales detenidos fueron declarados
culpables de disparar a los jóvenes en la cara. Esto contradecía
los informes del ejército los cuales alegaban que los prisioneros
fueron disparados en la espalda "mientras trataban de huir",
una excusa utilizada para legitimar muchos homicidios.
Las maniobras del Partido Socialista
Muchos de los prisioneros asesinados por el escuadrón
del general Stark eran miembros del Partido Socialista (PS). Esto
sólo se descubrió cuando el presidente del partido
Ricardo Nuñez presentó el 27 pleito, 17 meses después
de que el Partido Comunista (PC) hubiera presentado el primero.
Nuñez admitió que 41 de las víctimas habían
estado asociadas a su partido. El justificó la demora diciendo
que “nunca es demasiado tarde para presentar antecedentes
para descubrir la verdad.”
Además de mostrar el desprecio hacia sus propios miembros
que perecieron bajo la dictadura, la demora revela la profunda
crisis que domina al Partido Socialista desde la detención
de Pinochet.
Justo después del golpe de 1973, el Partido Socialista
inicialmente defendió la limitada y breve política
de asistencia social de la extinguida coalición de Allende,
dominada por el Partido Socialista, y se presentó como
oponente de la severa política económica de la dictadura.
Con la perspectiva de entrar en un gobierno de coalición
en 1980, esa oposición se evaporó. La constitución
de Pinochet de 1980 prescribió el retorno a una “democracia
protegida” para 1989. La condición fundamental, aceptada
por la Alianza de Concertación (que incluía a los
partidos Socialista, Democristiano y Radical), era que el entrante
gobierno civil no cambiara la estructura política y económica
establecida por la dictadura. Esto significaba, entre otras cosas,
mantener la Ley de Amnistía y bloquear cualquier discusión
sobre el golpe de estado.
Hoy, el PS lleva casi toda la década de los 90 en el
poder. Se ha desacreditado delante de los ojos de la gente sencilla
debido a la contínua crisis económica y a los niveles
record de desempleo. Además, la gestión de España
para extraditar a Pinochet ha hecho difícil para el PS
mantener el pacto de amnistía.
Inmediatamente después de la detención de Pinochet,
el más vocífero e intransigente defensor de sus
derechos fue el ministro socialista, Jose Miguel Insulza. El representó
el papel principal al formular la actitud del gobierno: proteger
la “inmunidad diplomática” de Pinochet y rechazar
la jurisdicción de los tribunales españoles.
Mientras condenó la descarada defensa de Pinochet por
parte del ministro, el resto de la dirección del partido
no presentó ninguna perspectiva diferente. Los senadores
del PS - Ricardo nuñez, Jose Antonio Viera-Gallo y Carlos
Ominami - así como la abogada de la Corte Suprema, Pamela
Pereira, se unieron a los ministros al aceptar un acuerdo extra-judicial
cuyo propósito era suspender los juicios contra el ejército.
Este acuerdo fue formado a raiz del colapso del Comité
del Senado de Derechos Humanos (CSDH), establecido por senadores
derechistas designados a dedo y cercanos al ejército. El
CSDH intentó llegar a un acuerdo con el ejército
por el cual el último proveería información
acerca del paradero de unos 2,300 prisioneros políticos
“desaparecidos” a cambio de una amnistía total
y la protección de la identidad de los informantes.
Esa fórmula estaba condenada al fracaso de antemano.
Nadie en el PS podía apoyarla públicamanete. Hacerlo
hubiera constituido un suicidio político para el PS.
Esperando conseguir los mismos fines pero de una manara menos
obvia, el PS ha apoyado un acuerdo ideado por el Ministro de Defensa,
Edmundo Perez Yoma, un demócrata cristiano íntimo
del ejército. El propuso una “mesa de diálogo”
después de mantener conversaciones secretas con el Comandante
en Jefe de la Marina, Almirante Jorge Arancibia, y otros jefes
militares.
El colega de Yoma dentro del PS, Insulza, dijo que las discusiones
de la mesa redonda reunirían varios "partidos para
tratar ese problema (encontrar los cuerpos 'desaparecidos' de
los prisioneros politicos) lo cual es una herida abierta para
el país". Fueron invitados representantes del ejército,
grupos religiosos, organizaciones de los derechos humanos y sus
abogados, así como varios políticos.
Sin embargo, los medios de información revelaron las
preocupaciones del ejército. Los generales dieron a entender
que ayudarían a buscar los cuerpos si se suspendían
las investigaciones judiciales, a pesar de que los jefes militares
han mantenido constantemente que no tienen información
acerca del paradero de los cuerpos.
Insulza insistió que las discusiones con el ejército
debían continuar, no obstante: “El actual mando de
las Fuerzas Armadas puede no tener conocimiento detallado de lo
que sucedió a los detenidos-desaparecidos hace 25 años...(Pero)
discutir si saben en este momento o no saben en este momento no
es la cuestión principal. La cuestión principal
es saber si están dispuestos a colaborar en la investigación.
Hoy existen las mejores condiciones para que todos colaboren....porque
a todos conviene.”
La duplicidad del Partido Comunista
Mientras la mayoría de los políticos, la Iglesia,
los círculos militares y algunos abogados de los derechos
humanos, como Pereira, han participado en las discusiones con
el ejército, AFDD y la Agrupación de Ejecutados
Políticos (AFEP) se han opuesto a ellas.
El Partido Comunista y la llamada ala izquierdista del Partido
Socialista se han distanciado de las maniobras extra-judiciales
para poder presentarse como una alternativa los que están
en el poder.
El Partido Comunista teme que la contínua protección
del ejército podría crear una creciente conflictividad.
El partido sugiere procesar algunos oficiales, reformar la Constitución
y eliminar la Ley de Amnistía. Su candidato presidencial,
Gladys Marin ha presentado esta plataforma para las próximas
elecciones en Diciembre.
El Siglo, la revista semanal del PC, publicó
un informe que dio la finada Sola Sierra, miembro del Comité
Central y dirigente del AFDD, en el Estadio Nacional delante de
70.000 jóvenes y estudiantes en Junio: “Hoy, las condiciones
objetivas no son favorables para que Pinochet sea juzgado en Chile.”
Ella advirtió que sin cambios legales, la ”social
coexistencia pacífica” estaría amenazada, socavando
los “cimientos de una sociedad democrática y un verdadero
Estado de Ley”
Esta perspectiva intenta prevenir que la clase obrera tome
un rumbo independiente y ajuste las cuentas a las Fuerzas Armadas
y la clase gobernante. El Siglo aclamó la detención
del general Stark y sus cuatro asociados como un “triunfo
de la Izquierda y de las familias de las víctimas...vindicando
al Partido Comunista", quien “abrió el verdadero
camino para establecer la justicia.” El semanario indicó
que los tribunales habían comenzado a adquirir independencia
del ejército.
Pero esto está muy lejos de la realidad. Durante los
últimos diez años, los tribunales civiles han cerrado
cientos de casos contra el ejército. Sólo desde
que los jueces españoles comenzaron las investigaciones
contra Pinochet han cambiado de dirección los tribunales
chilenos.
Sin embargo, aunque no se sabe el resultado del juicio contra
el escuadrón de Stark, los procesos judiciales han emplazado
a toda la clase gobernante en un dilema. A pesar de todos sus
esfuerzos para proteger el sistema politico, el gobierno y los
tribunales han abierto el camino para futuras acusaciones contra
el ejército, socavando la confianza popular en la reconstituída
estructura de democracia parlamentaria.
Regresar a la parte superior de la página
Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved |
